En las afueras del Hospital Rosales, el paño de lágrimas de los pobres, se pueden ver a mujeres y hombres de la tercera edad, la mayoría de ellos vienen desde lugares lejanos, como Sonsonante, Santa Ana o Ahuachapán, a pasar consulta programada desde meses antes, han tenido que pagar pasaje en bus, sus alimentos y tienen que regresar a sus casas cargando con la pena y la profunda tristeza a la altura de sus ojos por no haber recibido la atención médica anhelada.
Son los pobres de siempre, los que tan bien retrató Roque Dalton en su Poema de Amor, con la excepción de que estos además de no venderlo todo o cómelo todo, no tienen nada, si dinero ni pan ni tortillas, son los más humildes, los desheredados, los más sufridos, los que a esta altura de su vida cuando ya deberían estar descansando, todavía reciben la puñalada trapera.
No se vale ni es moral ni ético atentar contra su derecho a la vida, mucho menos con los niños, pues estos aquí, en China o Brasil, no saben nada de ideologías, de política ni de prestaciones económicas o sociales. Los médicos han perdido sus valores, no hay excusa ni explicación que valga, los pacientes, niños o ancianos, deben recibir adecuada atención, habrá o hay otras formas de lucha y de protesta.
La misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo señala claramente en sus principios de creación: están prohibidos las huelgas o los paros de labores que afecten a los pacientes, sobre todo, ancianos y niños. Además, justifica la retención o sanción económica por horas no trabajadas en los hospitales. No hay, pues, excusa posible; las mismas leyes del país también ya estipulan sanciones económicas y hasta penales por atentar contra la vida de las personas, cuando no se atiende una consulta urgente o se descuida a los pacientes internados, se está atentando contra el derecho fundamental a la vida.
Los contratos y las prestaciones económicas y sociales deben revisarse cada año, es una obligación de las patronales privadas y públicas con sus empleados y trabajadores, pero para ello existen mecanismos ya establecidos para evitar llegar a extremos tan injustificables como atentar contra el derecho a la salud y hasta la vida de las personas. En este país hemos vivido muchos años de zozobra, de enfrentamientos fratricidas, pero al final del camino hemos encontrado la luz y la racionalidad con base en el diálogo y la negociación.
Actualmente existe un gobierno que impulsa mucho estas modalidades, es decir la conformación de distintas mesas para resolver los conflictos, así pasó con el sector transporte y hasta con difíciles controversias como la elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República y en la Corte de Cuentas. El mismo presidente de la república tuvo que sentar en la misma mesa a representantes de los distintos partidos políticos.
Los médicos sindicalistas y los dirigentes del sindicato de Salud también deben y pueden privilegiar el diálogo, entendemos que ninguna de las autoridades tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud Pública están cerrados al diálogo y la negociación, además no se trata de ganar todo el pastel, las propuestas son para discutir y obtener porcentajes, en las guerras no siempre ganan los más poderosos, hay matices, ventajas y dificultades, al final impera la racionalidad y el buen juicio.
La Magdalena no está para tafetanes, lo saben muy bien los sindicalistas, aquí hay colas de gente esperando por un empleo, en el pasado con los gobiernos de Arena todos los sindicatos y asociaciones fueron abolidos, los que no entendieron de razones fueron cesados en sus empleos. No es una forma correcta de proceder, pero así actúan los dictadores, los acostumbrados a ordenar e imponer sus particulares criterios. Ojalá se entienda el mensaje, el diálogo y la negociación, son las vías civilizadas para encontrar respuestas adecuadas.
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