No se trata sólo de sospechas o de simples personas o miembros de partidos políticos las que han sido señaladas de tener contactos y participar en el narcotráfico. El Art. 2 de esta ley señala que “será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente”.
Agrega que “Las instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley, entre otras, son…” e inicia la enumeración de 17 tipos de entidades que por su naturaleza pueden emplearse como vehículos para el lavado de dinero. En este país por muchos años, sobre todo en los nefastos cuatro gobiernos de ARENA, circularon por el territorio nacional más de 600 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos.
La misma Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) conocía al detalle de las personas, funcionarios e instituciones públicas y privadas que estaban implicadas en este negocio sucio del narcotráfico. Se mencionaban a diputados de ARENA, gobernadores y alcaldes de este mismo partido, así como instituciones como INSEPRO, FINSEPRO y otras que se encargaban del lavado de dinero.
Los grandes capos y mafiosos han fundado una serie de negocios paralelos para recibir, transportar y entregar los cargamentos de droga. Son dueños de grandes hoteles, gasolineras, talleres de reparación de vehículos, flotas de furgones, fábricas de harina, servicios logísticos, inversiones en turismo, construcción de centros de diversión y viviendas y más.
Los grandes cárteles de la droga como los Zetas, el del Golfo, de Sinaloa, en México o los de Colombia, tienen mucha presencia en la región centroamericana donde compran voluntades políticas y financieras e involucran a altos funcionarios en el narcotráfico. Asimismo, cuentan con una especie de filiales o socios menores en lugares estratégicos como Los Perrones o el Cártel de Texis.
Para nadie es un secreto que tres diputados de ARENA estuvieron implicados en el tráfico de drogas desde Guatemala hacia El Salvador y otros destinos, como en su momento lo establecieron las autoridades del país vecino. La trágica muerte de estos miembros del Parlamento Centroamericano no fue por gracia divina o por una “simple equivocación”, como en su momento quisieron dar a entender los dirigentes de ARENA.
Como ya lo hemos señalado en anteriores comentarios, las llamadas encontradas en las bitácoras de celulares o las grabaciones hechas por las autoridades guatemaltecas también implican y relacionan a otros altos políticos y ex funcionarios de este partido que nunca ha querido transparentar sus cuentas ni mucho menos las fuentes de dónde reciben millonarias cantidades de dólares para financiar sus campañas electorales.
Un conocido ciudadano salvadoreño, Carlos Avilés, se ha cansado de denunciar los negocios sucios de la droga y ha pedido investigar a empresas constructoras y a bancos como grandes lavadores de dinero. Sus fuentes de información no son simples ni superficiales; pues muchas veces proporciona nombres de empresas y personas naturales y jurídicas, así como los diferentes puntos por donde ingresa la cocaína a El Salvador. Los puntos ciegos fronterizos entre Honduras Guatemala y nuestro país, así como las playas del litoral parecen ser los lugares favoritos del narcotráfico.
La Ley Contra el lavado de dólares bien aplicada podría convertirse en un recurso legal para castigar a los infractores. Habría que indagar los pasos de los políticos de ARENA y hasta dónde están dispuestos a llegar, pues la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la evasión fiscal desde hace mucho tiempo pende como una soga alrededor de sus cuellos. La Ley debería contar con un medio para investigar desde el pasado a fin de lograr plena efectividad. Los culpables del crecimiento de las pandillas, del crimen organizado y de la desintegración familiar, es decir los ex funcionarios de ARENA, deben ir al banquillo de los acusados. Nombres como Roberto Mathies Hill, Romeo Majano, Raúl García Prieto, Carlos Perla, Jorge Nieto, Héctor Cristiani y más deben ir en primera fila.
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