Los programas sociales y los subsidios dirigidos a las familias más vulnerables del país, serían prácticamente eliminados pues la esencia mercantilista de los fundadores y patrocinadores de Arena, es oponerse a toda clase de prestaciones, sobre todo cuando son originadas desde el gobierno. En sus 20 años de infames regímenes, jamás invirtieron en proyectos de beneficio popular, ni mucho menos cumplieron con uno de los objetivos del Reto del Milenio o Desarrollo Humano, como es el aumentar la inversión social para las mayorías poblacionales.
Los mismos sindicatos y asociaciones de empleados, en los gobiernos de Arena fueron prácticamente eliminados, nada más sobrevivieron dos: los del Seguro Social y desde luego la AGEPYM. La esencia fascista y represora de los areneros no acepta presiones de este tipo de organizaciones, mucho menos paros o huelgas en oficinas públicas. Con el gobierno del FMLN volvieron a la vida y hasta el día de hoy, más de 250 asociaciones y ONG de todo tipo están debidamente acreditadas y legalizadas en el Ministerio de Gobernación.
Las tales libertades públicas nada más son reivindicadas para las organizaciones afines al pensamiento fascista de Arena o para sus transacciones comerciales y económicas, cuando hay anuncios de reformas fiscales y ciertas regulaciones en las aduanas y hasta en el mercado, son los primeros en poner el grito en el cielo y acusar de “restricciones”, “falta de libertad empresarial” y hasta de “intromisión del gobierno en el mercado”.
Las libertades públicas son buenas siempre y cuando no afecten sus intereses empresariales, les permitan todo acto ilícito como la evasión fiscal, el contrabando y las licitaciones amañadas, por eso quiere “recuperar” el gobierno, pues saben perfectamente que tendrían todas las libertades y facilidades para hacer sus oscuros negocios y esos vergonzosos hechos de corrupción como ha quedado actualmente al descubierto, no sólo con los $10 millones donados por Taiwán, los cuales fueron a parar a las cuentas personales del mafioso Francisco Flores Pérez, sino con fraudes, malversación de fondos, estafas y más delitos cometidos en distintas instituciones.
El mismo presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, hizo públicos una serie de expedientes ocultos y olvidados en los archivos, donde consta que ex funcionarios de los cuatro gobiernos de Arena, principalmente del mafioso Flores Pérez, cometieron fraude, malversación, peculado y estafas superiores a los $120 millones. La misma diputada Ana Vilma de Escobar, en un acto de “matonería gansteril, interrumpió la conferencia de prensa del magistrado para lavarse las manos y autoproclamarse “honesta y transparente en el manejo de fondos públicos”, cuando hay graves señalamientos de corrupción cuando ella dirigió el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La malversación de fondos imputados a su administración es superior a los $11 millones, de acuerdo con los documentos probatorios mostrados por el magistrado Toches. Por más rabietas, campañas mediáticas y excusas a su favor, la actual diputada de Escobar, no podrá jamás limpiar “su honor”, pues no se extraña de simples escaramuzas, sino de desvanecer con pruebas, los señalamientos de la Corte de Cuentas de la República. Los expedientes no son invento de nadie, sino producto de una auditoría de las mismas instituciones estatales en el terrible periodo de Flores Pérez.
La población salvadoreña ya sabe perfectamente quienes son los corruptos, los evasores de impuestos, los narcotraficantes y lavadores de dinero, el mismo dirigente histórico de Arena, Alfredo Mena Lagos, calificó a este partido de “cueva de pícaros” y exigió la expulsión de Flores Pérez y otros altos dirigentes areneros. Como dijo el emperador Julio César, al cruzar el Rubicón, “la suerte está echada” y por lo mismo no hay poder alguno capaz de salvar a Arena de la aplastante derrota en las presidenciales del 2 de febrero.
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