La seria y bien documentada investigación de la Comisión Especial estableció que el corrupto de Flores Pérez, de conformidad con los artículos 164, 168 ordinal primero y 235 de la Constitución, actuó de manera negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Carta Magna y leyes secundarias, incumpliendo sus obligaciones como máxima autoridad del Órgano Ejecutivo de dirigir, coordinar, controlar e inspeccionar las acciones de las secretarías de Estado y sus dependencias.
Es decir, dejaron burro amarrado contra tigre suelto, pues este hombrecito de generales conocidas, ya tenía largos y graves antecedentes de corrupción como la malversación de $142.5 millones en el Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), las licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas en 2001, en las carreteras Litoral de Puerto de La Libertad hacia Acajutla, El Portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el Puente Cuscatlán por $38 millones. Por supuesto compartida con su antecesor Armando Calderón Sol.
El tráfico de influencias y conflicto de intereses en el Ministerio de Economía, por $40.2 millones, cuando se permitió la importación libre de aranceles de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el ministro Miguel Lacayo (actualmente procesado por el caso CEL-ENEL), presidente de “Baterías de El Salvador”, por cierto culpable y responsable directo de la grave contaminación de plomo de los habitantes del cantón Sitio del Niño, jurisdicción de Opico.
El señor Flores Pérez, también es parte y cómplice en el fraude a la economía pública cometida en la ANDA en 2003, cuando se conoció que el presidente de esta institución autónoma, Carlos Perla y otros funcionarios, estaban involucrados en un desfalco por manipulación en las licitaciones y contratos. El único preso actualmente es Perla. En este mismo año, Flores Pérez recibió $10 millones (de un total de $80 millones, según investigaciones de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa) del gobierno de Taiwán, supuestamente destinados a familias pobres de El Salvador afectadas por terremotos y otros fenómenos naturales.
Y podíamos seguir con la camándula de ilícitos contra la economía pública; pero en su momento detallaremos con detalles y fechas precisas, los escandalosos hechos de corrupción (más de 167) cometidos durante los 20 años de los infames gobiernos de Arena. Ahora nada más precisemos el punto concreto de ENEL-CEL. El ingeniero Miguel Lacayo, ministro de Economía durante el periodo comprendido de 1999 a 2004, bajo su criterio de no haber estado involucrado en el proceso de reestructuración de la CEL y en consecuencia de las actuaciones que se derivaron del mismo, al haber sido decisiones tomadas por la CEL como ente autónomo, de conformidad con los artículos 164 y 235 de la Constitución, también actuó de manera negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Carta Magna y leyes secundarias, incumpliendo sus obligaciones como titular del ramo, de promover la electrificación del país, dirigiendo y planificando el aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica en la industria, y las demás actividades económicas; incumpliendo además, su facultad de vigilar el funcionamiento en los aspectos de orden económico de las empresas de servicios eléctricos estatales, mixtas y privadas.
El otro “angelito” a la sazón tesorero de Arena y conocido como el “padrino” de la oligarquía, Guillermo Sol Bang, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) durante el periodo comprendido de 1999 a 2004, bajo su criterio de estar amparado en la ley vigente de esa fecha, de conformidad con los artículos 164 (Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa) y 235 (se refiere a la obediencia y cumplimiento fiel de los preceptos constitucionales) de la Carta Magna, actuó de manera negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República y leyes secundarias, al haber autorizado la creación de sociedades anónimas, como base del proceso de reestructuración de la CEL, cimiento de la suscripción del contrato CEL-3091-S y sus “correspondientes órdenes de cambio” y de acuerdo entre accionistas y sus correspondientes modificaciones, sin un marco jurídico que le permitiera tomar este tipo de decisiones.
En tal sentido, y siguiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que el monto de los embargos preventivos para los nueve acusados del caso CEL-ENEL y a las dos sociedades Enel Green Power, asciende a $2,107 millones 466 mil 188 en respuesta a la petición del Juzgado Séptimo de Instrucción de que fijara los montos de los embargos para las personas procesadas. Señala la Fiscalía que la cantidad millonaria equivale a la mitad del presupuesto de la nación de este año. Los bienes congelados, por ejemplo, a Guillermo Sol Bang, ascienden a $37, 934,391 millones y a Miguel Ernesto Lacayo Arguello a $37, 934,391 millones.
Todos los corruptos y procesados son miembros y militantes activos del partido Arena, los que en la campaña electoral recién concluida hablaban de “recuperar El Salvador”, para seguir cometiendo los más escandalosos hechos de corrupción que registra la historia de El salvador de los últimos 30 años. En esa lista de procesadas judicialmente no se olviden de estos apellidos: Sol Bang, Lacayo Arguello, Simán Zablah, Escalón Pacas, Olano Noyola, Chavarría Aguilar, Hawk Baker, Palomo Déneke, Machado Calderón.
¿Y ustedes sabiendo de todos estos desmanes, de robos descarados, de malversación de fondos, cohecho, peculado y otros ilícitos, todavía quieren seguir votando por Arena?
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